Colaboradora: Raúl Ruiz Álvarez
La Guerra de la Independencia española ha sido narrada desde ópticas muy diversas, pero en la memoria pública continúa dominando la imagen de las barricadas y de las mujeres armadas como símbolo de la participación femenina en la contienda. La historiografía feminista ha insistido en que esa centralidad de la combatiente funciona como un dispositivo que ilumina figuras excepcionales mientras deja en sombra la amplia red de trabajos ejecutados por mujeres que sostuvieron materialmente la guerra (Fernández García, 2010; Romeo Mateo, 2013; Castells Oliván, Espigado Tocino y Romeo Mateo, 2009). En ese espacio de sombras se sitúa el pequeño, pero elocuente, conjunto documental conservado en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz (AHPCA), extraordinario no por su volumen, sino porque permite ver con nitidez a quienes la historia tiende a invisibilizar: mujeres que cosen, que curan, que abastecen y que escriben para hacer visible su contribución.
El trasfondo de estas iniciativas es una grave crisis de avituallamiento textil. En un oficio de 26 de septiembre de 1808 dirigido a Tomás de Morla (AHPCA, C1-C/6), la Junta Suprema de Sevilla declara “la grande falta que hay para completar el vestuario del ejército” y justifica la decisión de “recoger todos los lienzos que había” en la ciudad “por medio de oficiales militares”, con promesa de pago a precio corriente, bien mediante derechos de aduana, bien cuando la Real Hacienda pudiera arbitrar fondos. La medida no pretendía (se afirma) perjudicar a los vasallos, pero sí “exigirles los géneros porque no hay otro recurso y porque los soldados no han de estar desnudos defendiendo la patria”. Días antes, el 20 de septiembre (AHPCA, C1-C/6), otra comunicación urgía a la Junta de Gobierno de Cádiz a hacer lo mismo: acopiar “cuantas coletas, crudos u otras clases equivalentes se hallen en esa plaza, sin permitir alteración de precios”, pues “el general en jefe del ejército clama sin cesar para que acaben de vestir a las tropas”. La política de guerra penetra así en el circuito mercantil y repercute en el doméstico: la requisición solo tiene sentido si existen manos capaces de transformar lienzos en camisas, vendas o sábanas.
Entre los expedientes de 1808 descritos en Archivaweb para el AHPCA, solo dos mencionan explícitamente a “costureras”: la comunicación de Josefa y Pabla Viderique (14-VII-1808, AHPCA, C1-C/5) y la de María Josefa de Silva de Dolagaray (11-VI-1808, AHPCA, C1-C/3). Esto no implica que fueran excepcionales, sino que solo en contadas ocasiones el trabajo textil femenino se convirtió en palabra dirigida y fijada por escrito. La comunicación de las hermanas Viderique se abre situando su gesto en un movimiento colectivo: declaran haber sabido que “varios sujetos de este comercio” han donado “fardos de géneros” para vestir a la tropa. Desde esa referencia construyen su propio lugar: “deseando las exponentes, como algunas amigas sin asociadas, cooperar al bien del Estado, se ofrecen gratuitamente […] para coser dicha ropa, respecto a que la debilidad de su sexo no les permite otros destinos”. La frase, lejos de expresar sumisión, revela una apropiación estratégica del discurso patriarcal de la diferencia sexual: si la cultura política las sitúa en el costurero, ellas convierten ese espacio en un lugar de utilidad pública. La alusión a “algunas amigas sin asociadas” deja entrever una red informal de trabajo femenino no registrada, mientras que la indicación de su domicilio -“calle de San Rafael, nº 32”- incrusta la casa en la geografía logística de la producción.
La carta de María Josefa de Silva de Dolagaray, un mes anterior, amplía esa interpretación. “En virtud del bando publicado de la Suprema Junta de Sevilla”, Dolagaray ofrece su “inutilidad” y la de sus cuatro hijas “para cortar y coser las sábanas, vendas […] para los hospitales como camisas y demás que se ofrezca para el ejército”, sin reservarse, “en caso necesario”, del “cuidado de enfermos de hospitales ni de otra cualesquiera cosa que esta Junta la juzgue útil”. Su oferta revela la pluriactividad femenina: la casa funciona como unidad de producción textil y como potencial unidad de cuidados. La guerra reconfigura el valor de esas tareas, aunque no las remunere ni las reconozca como trabajo formal.
Estas dos cartas encajan en un marco más amplio. El 12 de agosto de 1808, el general Antonio de Gregorio escribe a Juan de Dios Landaburu (AHPCA, C1-C/6 y C1-C/7) para comunicar la llegada de nuevas remesas de “hilados, vendajes y demás efectos” enviados por “las Señoras de esa ciudad”, cuya franqueza y humanidad “correrá por todas las provincias” como ejemplo. El reconocimiento explícito del mando militar confirma la existencia de un sujeto colectivo de la retaguardia femenina, dentro del cual las Viderique y las Dolagaray son solo los casos visibles. Esa misma trama se amplía con otros dos documentos que iluminan el ciclo textil-sanitario: la comunicación de María Josefa Jiménez Chantre de Agreda (11-VIII-1808, AHPCA, C1-C/5), quien entrega “cinco libras de hilas finas y ocho docenas de vendas y cabezales”, y la remitida por Bernabé Antonio de Elías en 1809 (AHPCA, C/13), que registra la nueva donación de Severina Rodríguez, vecina del barrio de la Cruz de la Verdad, consistente en “tres libras de hilas con destino a los hospitales del ejército en campaña”. Ambos casos muestran que la cadena de suministros no fue episódica, sino sostenida, y que la participación de las mujeres no se limitó a un gesto puntual, sino que formó parte de la vida cotidiana.
La interpretación de este conjunto documental se enriquece al situarlo en la larga duración del trabajo femenino. Ofelia Rey Castelao (2024) ha mostrado que, entre los siglos XVII y XVIII, los gremios fueron incapaces de controlar por completo las prácticas femeninas, especialmente en el ámbito textil, caracterizado por la dispersión del trabajo en hogares y periferias urbanas. La manufactura extragremial y la economía familiar flexible formaban un campo ampliamente feminizado. Por su parte, los estudios de Victoria López Barahona y María Greil Cobián (2021) subrayan cómo, en la Edad Moderna urbana, muchas mujeres trabajaban como costureras, remendadoras o vendedoras de ropa, en un marco legal que las subordinaba, pero donde negociaban cotidianamente sus márgenes de acción. Como señalan Birriel Salcedo y Ruiz Álvarez (2024: 369), para el caso de Granada apenas se ha estudiado la elaboración de ropa, ni en el ámbito doméstico ni en el artesanal, y persiste una lectura jerarquizada del oficio que separa al sastre, depositario del saber del corte y la geometría, de la costurera, reducida al cosido. Aunque en Europa desde la segunda mitad del siglo XVII se produjo una quiebra progresiva del monopolio sartorial en la confección de prendas, este proceso ha recibido escasa atención en España, con la excepción parcial de Madrid (López Barahona, 2010), y se conoce poco sobre las condiciones concretas de trabajo de estas mujeres. La guerra de 1808 no crea nuevas trabajadoras, sino que activa saberes preexistentes.
El caso gaditano añade una especificidad vinculada a la existencia de un tejido laboral femenino previo y diversificado. El estudio de Raúl Manuel Fernández López (2024) ha mostrado que, en la provincia de Cádiz durante la Edad Moderna, las mujeres desarrollaron actividades diversas como agricultoras, bodegueras o comerciantes vinculadas al comercio de ultramar, formando parte activa de los circuitos productivos y mercantiles. La historiografía sobre Cádiz en torno a las Cortes ha puesto de relieve la existencia de asociaciones, tertulias y prensa femenina -como el Correo de las Damas, estudiado por Sánchez Hita (2014)- que favorecieron la circulación de discursos políticos entre mujeres. No sorprende que quienes cosen para la guerra también escriban a la Junta: su acción se articula en un vocabulario patriótico compartido y en prácticas de lectura y escritura que desbordan el hogar.
La comparación con otros contextos permite matizar la interpretación. Gabriela Mitidieri (2022), en su estudio sobre los talleres estatales de confección en la Argentina del siglo XIX, muestra cómo la división sexual del trabajo asignaba a los varones el corte y la dirección, y a las mujeres el cosido y el remate, con bajos salarios y alta reemplazabilidad. Aunque el caso gaditano carece de talleres estatales formalizados, la lógica es similar: el Estado necesita el trabajo de las mujeres, pero lo canaliza a través de redes domésticas y lo define como servicio, no como empleo. La desigualdad estructural se enmascara bajo la retórica del sacrificio.
Conviene detenerse también en la dimensión del parentesco. En las mismas semanas en que María Josefa de Silva de Dolagaray ofrece el trabajo de sus hijas para la costura y la asistencia sanitaria, tres hombres del mismo apellido -Macario, Deogracias y Agapito, hijos del administrador de la Puerta del Mar- solicitan ser destinados a las milicias voluntarias (31-V-1808, AHPCA, C1-C/2). No sabemos si existe una relación directa entre los expedientes, pero la coincidencia muestra que la movilización bélica se articula a nivel doméstico: mientras unos varones reclaman presencia en las armas, las mujeres formulan su disponibilidad en el terreno textil y de los cuidados. El hogar aparece así como una célula patriótica de doble frente, militar y de abastecimiento, disolviendo la frontera rígida entre público y privado.
En la misma serie documental, unas decenas de mujeres escriben por motivos distintos, aunque igualmente reveladores. Viudas como Francisca de Juana, Inocencia Ruiz, Juana Zeñudo, Josefa Brenes, Rosalía de la Peña, Bárbara Rodríguez o Jerónima de Riba solicitan que sus hijos no sean destinados a la milicia por ser su sustento económico. Estas peticiones, aunque no vinculadas a la costura, muestran el peso de la casa como unidad de supervivencia. Del mismo modo, mujeres como María Romera ofrecen a sus hijos para la milicia con la condición de que permanezcan en Cádiz para poder seguir manteniendo el hogar. Este conjunto refuerza la idea de un patriotismo que se experimenta y se gestiona en el interior de los hogares, y no solo en los campos de batalla.
Regresando a las costureras, no sabemos cuántas mujeres participaron realmente en la confección de ropa militar o en la producción de hilas y vendajes, ni cuántas remesas se enviaron sin quedar registradas más allá de fórmulas genéricas como “las Señoras de esta ciudad”. Lo que sabemos es que, en al menos dos casos, se tomó la decisión consciente de escribir, firmar y atribuir sentido político a un trabajo que normalmente permanecía invisible.
Las costureras gaditanas de 1808 no rompen abiertamente el orden de género; lo desbordan desde dentro. Aceptan la asignación de la aguja como herramienta “propia de su sexo”, pero convierten esa herramienta en un vector de intervención política. Sus conocimientos, sus habilidades, sus trabajos…sostienen al ejército, abastecen a los hospitales, responden a las juntas y encarnan una forma de patriotismo. En Cádiz en 1808, la aguja no sustituye al fusil: opera en el mismo horizonte. Entre el hilo y la pólvora, estas mujeres muestran que la patria también se defendía cosiendo. Sin su trabajo, los soldados quizá no habrían estado vestidos; sin sus cartas, ese trabajo seguiría siendo, dos siglos después, invisible en el archivo.