Economía de resistencia y redes de supervivencia en el Barrio de San Andrés (Baeza). Los trabajos de las mujeres en Catastro de Ensenada (1752)

Colaboradora: Daniel García de Lara Cózar

El siglo XVIII supone para la ciudad de Baeza un periodo de profunda transformación, marcado por una evidente contracción social, cultural y económica en comparación con el esplendor de los siglos anteriores. Factores como la despoblación, la reducción de su término municipal, el deterioro de ciertas infraestructuras o la desconexión de su red viaria definieron una ciudad que, sin embargo, mantuvo su marcada jerarquía social. En esta coyuntura, el Catastro de Ensenada, realizado en la localidad en el año 1752, nos permite radiografiar el tejido urbano del municipio centrando nuestro análisis en una de las collaciones más importantes de este: el Barrio de San Andrés. La elección de este barrio no es una decisión arbitraria, ya que, al tratarse del segundo núcleo más poblado de la ciudad, solo por detrás de El Salvador, y al integrar una amplia variedad de actividades y oficios, se presenta como una muestra representativa ideal para examinar la estructura social de la localidad.

En este contexto, vamos a centrarnos en las mujeres cabezas de familia que, ya fuera por viudedad o por otros factores, acabaron asumiendo la titularidad fiscal y el sustento económico de sus hogares. Por lo tanto, pese a que existe un subregistro de las actividades económicas de las mujeres, trataremos de demostrar que, lejos de la supuesta inactividad que tradicionalmente se les ha atribuido, las mujeres desarrollaron una actividad productiva y reproductiva amplia y heterogénea, consolidándose como agentes económicos plenamente integrados en el engranaje social de la Baeza del Setecientos.

Hacia 1753, Baeza contaba con unos 8.000 habitantes en su nuevo y menguado término. De las 220 mujeres cabezas de casa registradas en el Barrio de San Andrés, tan solo 59, apenas un 26,8%, contaban con alguna categoría sociolaboral más allá de la edad y el parentesco (pobres, hidalgas, actividad económica, etc.). Dentro de este reducido grupo de 59 mujeres, tan solo 26 figuraban con alguna actividad económica concreta, mientras que el resto no especificaba ninguna fuente de regulación de trabajo.

El mayor porcentaje de mujeres corresponde a aquellas que declaraban mantenerse principalmente de su trabajo personal, cifra que asciende a un total de 22 casos, aunque bajo modalidades muy distintas: 15 de ellas afirmaban sostenerse exclusivamente mediante su trabajo individual; 5 lograban complementar su actividad personal con la colaboración de su núcleo familiar; mientras que las 2 restantes representaban el escalón más precario, por lo que se veían obligadas a combinar su trabajo individual con diferentes ayudas externas para poder sobrevivir, como la limosna.  

La importancia de las categorías y el método es fundamental. Si analizamos los datos sesgados de una fuente que responde a una producción determinada donde, además, la propia Instrucción mandaba que no se regulara el ramo personal a mujeres y a varones menores de 18 y mayores de 60, interpretaremos una economía sesgada. Sin embargo, si utilizamos lo que Ruiz Álvarez (2025) denomina como Hogares del Trabajo o Unidades Domésticas de producción integraremos a la sociedad en los mecanismos económicos. De hecho, en Baeza, la labor femenina quedaba diluida en una sola categoría genérica, «el trabajo personal». Esta etiqueta ocultaba su especialización real en tareas muy diversas, tanto dentro como fuera del hogar, incluyendo, por ejemplo, el hilado, el lavado de ropa, la venta de excedentes, el cuidado de animales y/o personas. Por lo tanto, ese «trabajo personal» debe interpretarse como una huella documental de una economía de resistencia, cimentada en la versatilidad de la mujer como única vía para la supervivencia y adaptación a la nueva realidad del periodo.

Asimismo, estos resultados evidencian ciertos rasgos de una precariedad laboral, donde los bajos ingresos del trabajo personal femenino obligaban a muchas a afrontar la realidad mediante la agregación familiar o, en su defecto, mediante la caridad. Un ejemplo de ello lo constituye Juana de Navarrete Vico, viuda de 64 años, quien subsistía uniendo su trabajo personal con el de su hija soltera, Joaquina López. Solo mediante esta estrategia de coresidencia y suma de esfuerzos lograban reunir los casi 11 reales de vellón necesarios para pagar el censo de su hogar al hoy desaparecido Convento de las Monjas de Santísima María de Gracia. Este caso pone de manifiesto que la prole no era solo una compañía, sino que también actuaba como el único seguro familiar disponible para las viudas sin más patrimonio.

En el extremo opuesto hallamos a Manuela Ruiz, en una situación de vulnerabilidad absoluta. Con un hijo de 7 años y una hija pequeña, Manuela carecía de esa fuerza de trabajo auxiliar que representaba la hija adulta de Juana. Al no poder apoyarse en sus descendientes debido a su corta edad, su trabajo personal resultaba insuficiente, lo que la obligaba a recurrir a la limosna para garantizar la subsistencia de su núcleo familiar.

Frente a este grupo general de mujeres que no disponían de una cualificación reconocida, destacan apenas 4 casos de mujeres que sí declaraban explícitamente tener algún oficio tipificado: en el servicio doméstico figuraba Isabel Baptista de Cózar, criada de Antonio de Herrero, prior de la Iglesia de San Gil; en el ámbito comercial y artesanal identificamos a Josefa Martínez Garrido, que gestionaba una tienda de especiería en la Puerta de Toledo, y doña Leonarda Fernández de Lara, vinculada a la infraestructura urbana como trabajadora en el horno del Convento de la Santísima Trinidad Descalzos; y, por último, sobresale la figura de Leonarda de Jimena, única mujer que se declara expresamente como «labradora».

Sin embargo, este último dato enmascara una realidad mucho más amplia. Si cruzamos las variables meramente escritas con los registros de la propiedad de la tierra y/o la posesión de ganado, podemos estimar que aproximadamente 30 mujeres adicionales (cerca del 15% de la población femenina del barrio) participaban en las faenas agrícolas. Además, podemos añadir las gerenciales como propietarias, cabezas de casa, esposas, hijas, madres…Esto se ve reforzado por el hecho de que más del 73% de los hijos que mantenían la coresidencia con estas cabezas de casa se dedicaban activamente al campo, mayoritariamente como jornaleros. Resulta inverosímil pensar que las madres, etiquetadas bajo el genérico «trabajo personal», o sin ningún tipo de oficio, vivieran ajenas a esa realidad agrícola, máxime cuando muchas de ellas poseían pequeñas extensiones de terreno. La deducción lógica es que estas mujeres actuarían como jornaleras de facto, ya fuese de manera directa o indirecta, estacional o complementaria. Esta hipótesis se apoya en indicios sólidos, como el caso de Magdalena González, quien, pese a no tener un oficio estipulado, declaraba mantenerse gracias a su labor agrícola combinada con la de su hijo, o el caso de Ana Lorente, cuya vinculación agraria se evidencia al cruzar su propiedad territorial con la actividad profesional de su hijo, labrador de oficio. El método: del ser al hacer ¿Qué están haciendo estas mujeres?

La discrepancia entre la única mujer declarada oficialmente como labradora y las más de 30 que estimamos trabajando la tierra destapa una profunda brecha en la asignación de estatus social que hace la documentación catastral. En el Antiguo Régimen, ser «labrador» era una categoría social vinculada a la actividad agraria y en muchas ocasiones a la tenencia de la tierra, ya fuese en propiedad o arriendo. Por lo tanto, nos muestra una realidad que convirtió a las mujeres en activos indispensables de la producción agraria, pues operaban en una magnitud que va más allá de las estimaciones tradicionales y de lo que la documentación oficial podía reflejar.

En definitiva, el análisis revela que existía una actividad laboral femenina superior a la cifra de 26 mujeres registradas inicialmente. Si sumamos la estimación agrícola a los oficios declarados, la cifra de mujeres económicamente activas en el barrio superaría el medio centenar, unos datos que, extrapolados a la población total de Baeza, supondrían que entre 400 o 600 mujeres sostenían la economía local de la ciudad en diversos oficios, sin contar siquiera la inmensa lista de trabajos sumergidos que la fiscalidad ignoró. Podemos afirmar que el Catastro de Ensenada, más que un reflejo de la realidad del momento, funcionó como un filtro de género que diluyó la importancia de la mujer en el periodo. Sin embargo, gracias a la lectura crítica de las fuentes y a la revisión exhaustiva de la documentación, podemos afirmar que las mujeres de Baeza no fueron sujetos pasivos del proceso, sino un motor económico fundamental en la sombra de la documentación catastral. Ellas tejían las redes de supervivencia, gestionaban la escasez con su trabajo personal, y laboraban la tierra a la par que los hombres, todo desde una posición de soledad estructural. Esto ha demostrado las posibilidades del Catastro y de una lectura más allá del dato que nos muestra como sobrevivían las mujeres, una lección de resiliencia que nos recuerda que la verdadera historia de una ciudad reside en quienes la sostuvieron.

Tabla Mujeres a las que se registra una actividad. Baeza. Catastro de Ensenada. Elaboración Propia